Autoras: Júlia Prat, Rosa Jorba
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“El territorio es mucho más que un espacio físico, es fuente de alimento, cultura, espiritualidad y organización.”
Este artículo se basa en las reflexiones compartidas por Rosalinda Dionicio, una abogada indígena, activista y defensora del medio ambiente en San José del Progreso, Oaxaca, México. En nuestra conversación, Rosalinda compartió su experiencia personal como activista comunitaria, así como una visión profunda sobre el significado del territorio y los múltiples desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en México ante la expansión de megaproyectos extractivos y la concentración de poder político y empresarial.
Rosalinda pertenece a una comunidad zapoteca organizada por usos y costumbres, donde estructuras como la Asamblea, los cargos comunitarios o el tequio (trabajo colectivo no remunerado) continúan siendo pilares fundamentales del tejido social. Su comunidad se ha caracterizado por resistencias históricas ante invasiones territoriales, desde la época de los hacendados hasta hoy. Su historia familiar – particularmente la influencia de sus abuelos y padres – le transmitió desde temprana edad una convicción profunda: el territorio no es una mercancía, sino la raíz de la vida, la identidad y la dignidad colectiva.
y defensora del medio ambiente. Fuente: Rosalinda Dionicio
Para Rosalinda, defender el territorio no solo implica resistir físicamente la imposición de megaproyectos o la lógica del despojo, sino también desmantelar los monopolios políticos y económicos que amenazan la autonomía de los pueblos originarios. Esta autonomía no puede entenderse en términos individuales; debe ser, por definición, colectiva, vinculada a procesos de organización comunitaria que reconectan con prácticas ancestrales y con una visión sostenible de la forma de habitar el mundo.
En este sentido, el territorio adquiere un sentido ecológico, político y espiritual. Es fuente de alimento – se cultivan productos como el maíz, el frijol o la calabaza y se aprovechan plantas silvestres como los quintoniles o los chepiles – pero también es espacio de reproducción cultural y de prácticas solidarias. “Esta relación ancestral implica no solo sembrar, sino también compartir: la gente se ayuda entre sí en las cosechas, sin necesidad de dinero”, explica Rosalinda.
Por ello, Rosalinda y su familia consideran que cuidar la tierra significa también respetar sus ciclos naturales, evitar los agrotóxicos, conservar las semillas nativas y rechazar los transgénicos. Estas prácticas no son meramente agrícolas: constituyen un acto de resistencia frente a la homogeneización cultural y la pérdida de soberanía alimentaria. La defensa del territorio es, por tanto, una lucha por la vida, por el respeto al medio ambiente y por una justicia que no puede separarse de la memoria, la identidad y la comunidad.
Impacto de la minería en San José del Progreso
La llegada de la empresa minera canadiense Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, en 2006 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de San José del Progreso. El proyecto de la minería consiste en la extracción intensiva de plata y oro mediante técnicas altamente contaminantes, que han provocado el envenenamiento de fuentes de agua, la destrucción de tierras de cultivo y graves afectaciones a la salud de la población.
Además, la empresa minera se impuso sin consulta previa, en abierta violación de derechos fundamentales recogidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)
Concretamente se atenta contra el artículo 32.2 de la OIT, que establece que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. Estos principios no sólo consagran el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas, sino que reconocen su soberanía para decidir sus prioridades de desarrollo, a conservar sus estructuras tradicionales y a participar activamente en los procesos de toma de decisiones.
La implantación del proyecto minero generó una profunda fractura en el tejido social. Se suscribieron convenios de usufructo con ejidatarios, que permitían el uso de parcelas comunales, y se obtuvieron permisos municipales para realizar actividades de exploración. Sin embargo, como relata Rosalinda Dionicio – testigo directa del proceso – muchos de estos convenios fueron firmados por personas en situación de analfabetismo, utilizando huellas dactilares en lugar de firmas y sin una comprensión real del contenido y las implicaciones de los acuerdos. En sus propias palabras, “se compraron voluntades, se dividió la comunidad, y cuando los habitantes comenzaron a informarse, descubrieron que ya existían concesiones otorgadas por 50 años, prorrogables por otros 50.”.
En este contexto, el acceso a la información se convirtió para Rosalinda en un eje central de la resistencia comunitaria, “la defensa del territorio, sostiene, no puede ejercerse sin el conocimiento claro y transparente de los proyectos que lo amenazan”. Informar a la población, traducir los términos legales y técnicos a un lenguaje comprensible y socializar el contenido de las concesiones, se volvió una tarea urgente y política. La falta de información no solo propició el despojo, sino que debilitó las capacidades colectivas de respuesta, generando miedo, desmovilización y desconfianza y provocando una crisis interna. Muchos no quisieron involucrarse en la lucha activista por miedo o porque ya habían firmado contratos, lo que debilitó el tejido social.
Según Rosalinda, la cohesión social ya no es la misma: la población está dividida en dos bandos: los que están en contra de la minería y quienes están a favor del proyecto. Por ello, Rosalinda entiende el derecho a la información como mucho más que un requisito legal. Es también una herramienta fundamental para restituir la soberanía comunitaria y reconstruir el tejido social dañado.
Activismo de las mujeres indígenas
Más allá de los impactos territoriales, ambientales y políticos, la irrupción del proyecto minero desveló profundas desigualdades de género. En este contexto hostil, las mujeres no solo enfrentan la violencia institucional y empresarial, sino también las múltiples barreras por el hecho de ser mujeres en espacios de activismo dominados históricamente por hombres. Rosalinda Dionicio, al igual que muchas otras defensoras, encarna una lucha interseccional dónde el género, la identidad indígena y la defensa territorial convergen, reforzando la necesidad de visibilizar y valorar el rol crucial de las mujeres en los procesos de resistencia comunitaria.
Rosalinda empezó su activismo hacia los 24 años, siendo la única mujer en un grupo de hombres. Aunque en un inicio fue aceptada, rápidamente fue objeto de críticas, rumores y difamaciones por su participación pública y por ocupar espacios considerados masculinos. Aun así, su presencia no fue una excepción aislada. Las mujeres tuvieron y siguen teniendo un papel fundamental en las luchas por la defensa del territorio, asumiendo responsabilidades clave en la organización y dentro de los espacios de resistencia.
En la lucha contra la minera Cuzcatlán, el desalojo violento del 6 de mayo de 2009, constituyó un ejemplo emblemático. En ese momento, fueron mayoritariamente mujeres quienes sostenían los campamentos, organizaban guardias diurnas y nocturnas y resistieron en el territorio mientras los hombres trabajaban. Por ello, fueron reprimidas con helicópteros y fuerzas policiales, como si fueran criminales. Muchas fueron perseguidas e incluidas en listas negras, lo que evidencia el nivel de represión estatal contra quien defiende la tierra.
La experiencia de Rosalinda ilustra cómo la defensa de la tierra no puede entenderse sin una perspectiva interseccional. Enfrenta no solo el poder de las empresas extractivas y la connivencia del Estado, sino también un sistema patriarcal que busca silenciar las voces femeninas en los espacios públicos. La lucha es de enormes dimensiones, pues no solo se enfrenta al poder de los grandes capitales internacionales relacionados con la extracción de oro y plata,
sino a todo un sistema de procuración de justicia, de servicios de salud, de gobierno, que lejos de garantizar la protección de los derechos de las personas, los asfixia en un mar de indiferencia, burocracia, discriminación e impunidad. Su compromiso con los derechos de su comunidad es, pues, un desafío tanto al orden económico como a las jerarquías de género, revelando una forma de liderazgo profundamente transformadora.
Esperanza y anhelo de una comunidad fuerte
El horizonte que Rosalinda proyecta para su comunidad está profundamente anclado en el deseo de recuperación y autonomía. Su esperanza es clara: que la empresa minera se retire definitivamente del territorio y que la comunidad pueda reorganizarse desde sus propias estructuras y consensos.
Rosalinda imagina un futuro en el que San José del Progreso vuelva a ser un espacio de unidad, con autonomía plena para decidir su propio destino, donde se respete la asamblea y se recuperen los pilares comunitarios. En sus palabras, hay un gran deseo de que las nuevas generaciones crezcan con oportunidades, arraigo, dignidad y sin miedo a ser desplazadas.
En este marco, Rosalinda afirma que la defensa del territorio no recae únicamente en activistas, también se construye desde lo cotidiano.